Ley 40/2015

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones (Ley 40/2015)

La responsabilidad patrimonial (artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015) obliga a las Administraciones a indemnizar los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos. Conocer los requisitos del daño y el régimen de la acción de regreso frente al personal es esencial.

Repasamos los conceptos esenciales y los aplicamos con 2 preguntas reales en formato de estudio: enunciado a la izquierda y explicación con la normativa aplicable a la derecha.

Conceptos clave

Principio general (art. 32.1): Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
Requisitos del daño (art. 32.2): El daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La mera existencia de un daño no basta si no reúne estas tres notas.
Daños indemnizables (art. 34): Solo son indemnizables las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. La cuantía se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, actualizándose a la fecha de la resolución.
Responsabilidad de autoridades y personal (art. 36): La Administración responde directamente ante el particular. Después, de oficio, exige a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, mediante un procedimiento con alegaciones, prueba, audiencia y propuesta de resolución.

Preguntas de examen en contexto

Preguntas reales del banco de opoTester, con la respuesta correcta, la explicación y la normativa aplicable — como en el modo práctica.

Pregunta 1

En referencia a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y según el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), el daño alegado habrá de ser:

Evaluable económicamente✓ Correcta
BNo individualizado con relación a una persona o grupo de personas
CNo efectivo
DQue afecte a un colectivo

📖 Información de apoyo — normativa aplicable

Explicación

El art. 32.2 de la Ley 40/2015 exige que el daño indemnizable por responsabilidad patrimonial sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Normativa aplicable

Ley 40/2015 · Art. 32 · Apt. 2
Principios de la responsabilidad
Artículo 32. Principios de la responsabilidad.1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pregunta 2

Señale la afirmación correcta en relación con los trámites mínimos del procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial (art. 36 Ley 40/2015):

Alegaciones durante un plazo de quince días.✓ Correcta
BPráctica de las pruebas admitidas por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
CAudiencia durante un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
DFormulación de la propuesta de resolución en un plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

📖 Información de apoyo — normativa aplicable

Explicación

El art. 36.4 de la Ley 40/2015 prevé, en el procedimiento de responsabilidad de autoridades y personal, un trámite de alegaciones durante un plazo de quince días.

Normativa aplicable

Ley 40/2015 · Art. 36
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al
Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:a) Alegaciones durante un plazo de quince días.b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.c) Audiencia durante un plazo de diez días.d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.